Lo que no se debatió en Comisión Política (1)

En mi nueva meta de informar a los amigos, afiliados y simpatizantes de UPYD de aquellas propuestas de enmienda que el pasado III Congreso no pude defender por la limitación de tiempo, he decidido presentar esta primera que no es sino una pequeña parte de la enmienda al Punto 2; un punto que constaba a su vez de los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (2.6.1, 2.6.2 y 2.6.3) y 2.7; es decir, 11 apartados que yo, ingenuamente, agrupé en una única propuesta de Enmienda en la que empleé 9 páginas y para cuya defensa me dieron un minuto.

Así que cuando empecé a eliminar la exposición de motivos, artículos explicativos y di saltos a través de articulado para tratar de fijar, al menos uno o dos conceptos, la Comisión en la que estaba, sonreía divertida ante la imagen de atolondrado que debía estar dando.

El Consejo Político elegido, tendrá en breve que elaborar un programa electoral y dicho programa debe ser claro, contundente y lo suficientemente nuestro como para que a nadie le quepa la menor duda de que UPYD es diferente, es coherente y mantiene su integridad y honestidad intelectual y moral… ¡Hay que explicar muy bien la diferencia entre lo que ya dice la Ley y entre lo que debe hacerse para que esa Ley se cumpla de verdad.

El Punto 2 de la Ponencia Oficial, incidía en lo que ya está establecido, mientras yo abogaba por dejar claro que UPYD ha exigido, exige y seguirá exigiendo  el cumplimiento de la Ley.

Estos que pongo a continuación, son los puntos que trataba de introducir y que ni siquiera pude leer y mucho menos explicar y que fueron desestimados por la Comisión sin otro argumento que el del Ponente que mayestáticamente los tachó de inconexos e innecesarios. ¡Lea usted y juzgue!

 

1º: La Motivación: Muchas de las propuestas de la Ponencia Oficial de este punto 2º no son más que reafirmaciones en lo que las Leyes actuales ya dicen… La Ley catalana de Inmersión Lingüística es inconstitucional e ilegal y por lo tanto no se precisa votar que vamos a oponernos a ella, sino votar que nos comprometemos como partido político a instar, insistir, azuzar al Gobierno de turno para que no haga dejación de funciones, como hasta ahora y haga cumplir la legalidad vigente, así como que persiga a quienes la infrinjan, ¡Por acción o por OMISIÓN! ocupen el cargo que ocupen.

El párrafo cinco del Preámbulo de la Constitución establece que la Nación española «promoverá el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida» y aceptamos que los territorios, las comunidades y las regiones del Estado Nación que es España, tienen derecho a proteger y promover su diversidad cultural.

Sin embargo, el progreso de la economía, siendo compatible con la diversidad cultural, en cambio, es incompatible con la diversidad de normas. ¡Hoy día es una odisea fundar un negocio que opere en varias comunidades autónomas cuyas legislaciones en multitud de casos, son incompatibles entre sí, y muchas de esas legislaciones tienen base lingüística!

El mandato constitucional de promover el progreso de la economía, impuesto en el mismísimo Preámbulo de la Carta Magna, condiciona por simple precedencia, el resto del articulado de la Constitución y por ende de cualquier Ley, ya sea Orgánica, Ordinaria, Decreto Ley, Autonómica o local, y lo mismo ocurre con el mandato de asegurar a todos, «una digna calidad de vida», lo que junto con el valor superior de la igualdad que propugna su Artículo 1 y la responsabilidad que impone a los poderes públicos en su Artículo 9, Punto 2, de promover las condiciones para la efectiva libertad e igualdad del individuo y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

En cuanto a la financiación del Estado y las disputas entre éste y las Comunidades Autónomas, la tributación es de los ciudadanos, no de los territorios y es normal que en un territorio más poblado y con unos ingresos «per capita» más altos, se recaude más, sin que eso signifique que esa comunidad autónoma tribute más al Estado o que por ello tenga más derechos o derecho a mayores inversiones; sino que simplemente, tiene más residentes y más ricos, que deben aportar al Estado lo que les corresponda y el Estado debe gastar su presupuesto donde sea necesario, lo que deja forzosamente al margen el factor «territorialidad».

Por lo tanto, la posición de UPYD en el tema de la financiación de las Comunidades Autónomas ha de basarse en estas conclusiones y es en base a lo expuesto, por lo que propuse las siguientes modificaciones del Punto 2 de la Ponencia.

 

2º: La redacción de la enmienda parcial al Punto 2:

2. REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y DEL ESTADO

2.1. El párrafo cinco del Preámbulo de la Constitución establece que la Nación española «promoverá el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida». UPYD se identifica plenamente con el espíritu y la letra de todo el Preámbulo de la Constitución, así como de los tres puntos de su Artículo 1

2.2. Igualmente se identifica con el espíritu que anida en su Artículo 2 y Artículo 3, si bien entiende que su redacción debería modificarse, quedando redactada del siguiente tenor:

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la diversidad cultural de todos sus territorios, comunidades y regiones, sin que en ningún caso, ese derecho a la diferencia pueda devenir en diferencia de derechos entre españoles.

Artículo 3

1.   Igual que el actual

2.   Igual que el actual

3.   La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, pero nunca podrá ser usado como medio identitario de discriminación con respecto a la lengua oficial común, y en ningún caso, su uso podrá ser origen o causa de traba administrativa o limitativa alguna en ninguna parte del Territorio Nacional.

4.   Toda vez que las administraciones autonómicas, provinciales y locales tendrán entre sus funciones la promoción de la riqueza cultural de sus ámbitos administrativos, junto con dicho poder de promoción, adquieren la especial responsabilidad en la protección del derecho de todo ciudadano español, al uso de la lengua oficial común.

2.2.1. De las modificaciones añadidas al Punto 3 del Artículo 3 de la Constitución derivarán forzosamente y con carácter inmediato, las siguientes medidas en defensa de la Igualdad y reposición de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos residentes en el Territorio Nacional:

2.2.1.1. En las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales, se impulsará la modificación o derogación de toda la normativa en materia lingüística actualmente vigente que provoque discriminación y abusos lingüísticos, tanto en la Educación como en el acceso a la Administración Pública.

2.2.1.2. En las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales, para los puestos de la Administración Autonómica, únicamente se exigirán los conocimientos lingüísticos efectivamente necesarios en el idioma que es oficial solo en ese territorio solo en aquellos puestos de trabajo donde sea estrictamente necesario para desempeñar correctamente las tareas correspondientes a dicho puesto concreto.

2.2.1.3. Se suprimirá el modelo de inmersión lingüística de la Comunidad Autónoma de Cataluña, así como la normativa de multas lingüísticas vigente, sin que en el futuro puedan ponerse en marcha medidas similares o sustitutivas de las mismas.

2.2.1.4. Las Autoridades responsables de su imposición, resarcirán a los injustamente afectados en sus daños y perjuicios, toda vez que la Legislación vigente en el Estado Español en el momento en que las anteriores sanciones fueron impuestas era contraria a la legalidad de las mismas. El Estado, como garante del cumplimiento de la Ley en todo su Territorio Nacional, prestará la asistencia legal necesaria a aquellos afectados que la soliciten a fin de que el resarcimiento no deje de aplicarse por falta de medios de los injustamente perjudicados.

2.2.2. UPYD modificará el título VIII de la Constitución Española para redefinir de forma taxativa y cerrada, el reparto de competencias entre el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, de forma que la legislación en aquellas materias asociadas con la igualdad de los españoles, su bienestar, su salud, su dignidad o su economía, emane precedentemente del Poder Legislativo del Estado, sin que ninguna disposición autonómica o local pueda modificar o pervertir esos superiores derechos constitucionales.

2.2.3. UPYD propone y apoyará el retorno al Estado de las competencias, de forma total e irreversible, en materia de Representación Internacional, Defensa, Justicia, Economía, Educación, Sanidad, Medio Ambiente, Protección Civil y Recursos Naturales.

2.2.4. Tanto las medidas legislativas, administrativas u ordenanzas municipales que tengan que ver con la economía, el desarrollo económico, su promoción o su funcionamiento, no podrán diferir entre comunidades autónomas cuando de ello se desprenda traba alguna a la implantación o expansión de los negocios, las empresas, los servicios y/o el libre comercio dentro de la totalidad del Territorio Nacional.

2.2.5. Para ello, el Estado llevará a cabo periódicamente una «reunificación de criterios» que serán obligatorios a todas las administraciones públicas o privadas, de forma que cualquier trámite burocrático en esta materia sea idéntico en cualquier territorio del Estado y sometido a las mismas leyes, para lo cual, se recuerda que, como ha quedado dicho, el idioma vernáculo, cooficial o local, tampoco podrá ser excusa discriminatoria de ningún tipo.

2.2.6. En cuanto a la Sanidad, la Educación, el Medio Ambiente, la Protección Civil y los Recursos Naturales, si bien la legislación sobre estas materias quedará exclusivamente en manos del Estado, su gestión administrativa podrá ser llevada por las Comunidades Autónomas en base a una mejor y mayor proximidad a los ciudadanos, siempre y cuando dicha gestión no genere diferencia de derechos o trato entre los españoles por razón de su lugar de residencia.

2.2.7. En cualquier caso, se considerará improcedente cualquier decisión o norma autonómica o local que contravenga lo dispuesto en los puntos anteriores, provoque duplicidades e ineficiencias en el funcionamiento entre Administraciones públicas al servicio de los ciudadanos o suponga una merma de su derecho a ser servidos eficientemente y de la forma menos onerosa por administraciones que el ciudadano paga.

2.2.8. La Representación Internacional, la Defensa y la Justicia, así como los Servicios de Inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, forzosamente serán gestionados directamente por la Administración Central, sin que en ningún caso dicha gestión pueda ser delegada a cualquier otra administración autonómica o local.

2.2.9. Por cuanto que repercute en el ámbito económico, responsabilidad primordial de la Administración Central del Estado, aquellas Comunidades Autónomas que elijan mantener fuerzas policiales autonómicas, podrán hacerlo solo si tras la comprobación de sus presupuestos, y el cumplimiento tributario para con el Estado, acreditan que pueden mantener dichos cuerpos policiales sin coste alguno para los ciudadanos del resto de Comunidades Autónomas.

2.2.10. En cualquier caso, aquellas competencias policiales que adquieran los cuerpos policiales autonómicos, no se entienden adquiridas en exclusividad, sino en primera instancia y siempre y cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por las razones que legalmente lo exijan, no deban tomar la iniciativa o asumir la dirección, control o ejecución de las actuaciones policiales o de investigación en dichas competencias.

2.2.11. Sin embargo, por razones de logística, particular idiosincrasia e incluso facilitación de retorno al lugar de origen de multitud de funcionarios, el Estado promoverá y propiciará que todas las comunidades autónomas puedan asumir con criterios unificados, la responsabilidad en materia de Seguridad ciudadana y delincuencia común; áreas policiales esencialmente locales; dejando los delitos graves u organizados y resto de actuaciones esencialmente de ámbito nacional y supranacional en exclusiva competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2.2.12. UPYD defiende la fusión de municipios de menos de 20.000 habitantes y de los contiguos entre sí o anexos a concentraciones urbanas mayores, siempre con el objetivo de lograr la racionalización de la administración local y la mejora de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos en base a la teoría de la Economía de Escalas y tal y como llevaron a cabo todos los Estados de Europa tras la II Guerra Mundial, durante los años 60 y 70 del pasado siglo. Con esta medida se hacen innecesarias las Diputaciones Provinciales y Forales, que serán suprimidas y cuyas competencias pasarán a desempeñar las Entidades Locales, las Comunidades Autónomas o el Gobierno de España.

2.2.13. Como medio para conseguir la aceptación de estas medidas por parte de la ciudadanía, UPYD llevará a cabo cuantas actuaciones estén en su mano para explicar en los medios públicos y foros a los que se pueda acceder, tanto su implantación en toda Europa, como su anormalidad en el Estado Español, como las razones que las aconsejan, dando explicación de lo que es la Economía de Escalas y por qué dicha disciplina es tan importante a la hora de racionalizar el gasto público y justificar tales medidas de fusión de municipios; hasta el punto que, como ha quedado dicho, todos los Estados de Europa la llevaron a cabo hace más de cincuenta años, siendo el último la misma Grecia que lo hizo en los años 70; es decir, hace más de 40 años que son los que España lleva de atraso en esta materia, sin que ningún ciudadano tenga idea de por qué UPYD lo propone, o de qué puede significar en ahorro para sus bolsillos.

2.2.14. UPYD también propone la eliminación del concierto económico vasco y del convenio navarro, así como la supresión de la disposición transitoria cuarta que afecta a Navarra, dado que su transitoriedad venció cuando ésta se constituyó como comunidad autónoma y la supresión de la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución Española y por consolidar una situación inaceptable de desigualdad y privilegio de unos ciudadanos frente a otros.

2.2.15. Todas las Comunidades Autónomas tendrán las mismas competencias y capacidad legislativa. La aprobación de las reformas de los Estatutos de Autonomía exigirá una mayoría cualificada de al menos dos tercios de cada cámara y cada una de ellas será nombrada nominalmente en el articulado de la Constitución Española. Se adaptará la disposición transitoria quinta sobre Ceuta y Melilla a su realidad jurídica actual como ciudades autónomas.

2.2.16. Cualquier sistema de financiación fiscal que se acuerde entre el Estado y las Comunidades Autónomas o en sus Estatutos de Autonomía, deberá estar basado en la corresponsabilidad fiscal de los ciudadanos, no de los territorios, que ni tienen derechos ni tributan.

2.2.17. Igualmente, lo dispuesto en el artículo 157 de la Constitución Española sobre la forma de obtención de los recursos de las Comunidades Autónomas, en ningún caso podrá dar lugar a diferencias de cargas o beneficios fiscales entre los españoles.

2.2.18. A tal efecto, el Punto 3 de dicho artículo quedará redactado del siguiente tenor:

Artículo 157

3. Mediante ley orgánica se regulará el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y la colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado, de forma que los diferentes medios de financiación de las distintas comunidades respeten y mantengan la igualdad de todos los españoles en cuanto a cargas o beneficios fiscales, independientemente del territorio en que residan.

(Redacción original: 3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.)